La intención del gobernador de Wisconsin, el republicano Scott Walker, de llevar adelante en el legislativo de su estado leyes de recortes a los trabajadores públicos, limitantes de sus derechos sindicales y agravantes de su deteriorado poder adquisitivo, continúa su marcha y anima a otros gobernadores republicanos a leyes similares en estados como Indiana, Iowa, Idaho y Ohio, donde ya se discuten propuestas como la de Wisconsin. Según se recuerda, la propuesta del gobernador Walker suspende los derechos de negociación de los sindicatos de empleados públicos y duplica las contribuciones que deben hacer esos trabajadores al fondo de sus pensiones; una severa medida que pone en tela de juicio la razón de ser de los sindicatos de trabajadores del sector público.
Según el gobernador, su propuesta busca resarcir un déficit en su administración de 3 mil 600 millones de dólares, con base tanto en esa nueva política frente a los empleados públicos, como por su intención de promover un nuevo presupuesto anual que recorta en unos mil millones el apoyo estatal a escuelas y gobiernos locales, así como al plan de ayuda médica a la gente pobre denominado Medicaid, a la vez que estipula un aumento de los impuestos. Lo curioso es que este gravamen no busca hurgar en las cuentas de las grandes empresas para que paguen los que más tienen, sino en los bolsillos de los ciudadanos cautivos; habida cuenta de que acaba de otorgar una amnistía fiscal a empresas multinacionales y estatales, medida que costó al fisco 170 millones de dólares que ahora pretende compensar en la recaudación de los nuevos impuestos.
Igual que en Wisconsin, el republicano Juan Kasich, gobernador de Ohio, ha presentado también al legislativo de su estado un proyecto de ley similar, cuyo alcance sin embargo, incluye además de los maestros, al personal de la policía y los bomberos, entre otros. Mientras que en Wisconsin la medida afecta tan solo a 175 mil trabajadores públicos, en Ohio los afectados son alrededor de 300 mil trabajadores. Además, los proyectos de ley formulados prohíben las huelgas de los trabajadores públicos, que serían ahora sancionados inclusive si participan en alguna marcha de protesta, mientras que podrían negociar sus salarios, sus horas de trabajo y ciertas condiciones laborales, pero no la cobertura de salud ni sus pensiones.
Aunque todo pareciera apuntar a pretender resolver un problema fiscal con esta política de ajuste, se dice que el móvil busca afectar también a los demócratas por el tradicional apoyo del movimiento sindical estadounidense, con vistas a las elecciones presidenciales de 2012. Pero sea lo que sea que motive las intenciones de los republicanos, las protestas de los trabajadores poco a poco se incrementan con manifestaciones en 14 estados más de la Unión Americana, que se suman al creciente descontento de los trabajadores públicos en esos lugares del país; un movimiento social más, no tanto contaminado por lo que pasa al otro lado del mundo, como por la aflicción de la crisis en los bolsillos.
13 de marzo de 2011.
(Publicado: Revista Siempre!, México, 13 de marzo de 2011)
El Otoño del Imperio
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