La Ley Arizona en Contra de Inmigrantes Ilegales

Jesús Hernández Garibay

El pasado 6 de julio, a sólo 23 días para que entrara en vigor la llamada Ley Arizona en contra de inmigrantes ilegales, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, actuando bajo las órdenes del presidente Barack Obama, presentó ante un juez en Phoenix, capital de ese estado, una demanda para suspenderla, alegando que es inconstitucional. El recurso legal se suma a otras demandas en el mismo sentido presentadas por varias organizaciones civiles, a las que ya se fijó fecha para dos audiencias: el 15 y el 22 de julio. Como se recuerda, la Ley SB 1070 aprobada por el Senado de ese estado desde el mes de abril del presente, otorga facultades para detener a cualquier persona, tan solo por sus rasgos físicos; esto es, autoriza a la policía estatal a cuestionar el estatus migratorio de las personas al solicitar a inmigrantes, visitantes y ciudadanos, que muestren sus documentos migratorios cuando sean detenidos por violaciones locales.

La polémica legislación, que ha levantado ámpula en el entorno de Arizona con México y el resto de Latinoamérica, pero a la vez con otras legislaturas como la de California, deberá ser implementada a partir del 29 de julio. La decisión de la ciudad de Los Ángeles de someter una moción ante las cortes de Arizona para que se revierta la ley, es un escollo más en la lista de obstáculos judiciales que podrían impedir que se lleve a cabo dicha legislación. La ley del senado deberá entrar en efecto el próximo 29 de julio, pero el Senado enfrenta unos seis recursos judiciales que desafían la medida. El Consejo de Los Ángeles decidió unirse a la querella que presentó una coalición de organizaciones comunitarias el pasado 17 de mayo y el gobierno de la ciudad decidió someter ante los tribunales de Arizona un documento que sustente la demanda “Friendly House vs. Whiting”, que afirma que la legislación interfiere con la autoridad y el poder federal sobre asuntos migratorios.

De su parte, el principal argumento del Departamento de Justicia advierte que la nueva legislación se contrapone a la política migratoria federal y contradice “el cuidadoso balance de sus prioridades y objetivos”, que consisten en luchar contra la migración ilegal. Además, alega que la Ley Arizona viola la supremacía de la Constitución, “que establece su jerarquía sobre cualquier ley local cuyo contenido sea conflictivo o inconsistente”. Así, dicha demanda se suma a las presentadas también ante un juez en Phoenix, por organizaciones como la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU), el Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC) o la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (Lulac), entre otras 20 que a la vez han encabezado acciones civiles en más de setenta ciudades de Estados Unidos y un creciente boicot de varias ciudades y organizaciones contra Arizona.

De acuerdo con lo anunciado por funcionarios del gobierno de Arizona, la gobernadora Jan Brewer, ferviente defensora de la ley, ha recibido sin solicitarlo previamente, decenas de miles de dólares de parte de individuos en más de 40 estados de EUA “para sufragar los costos asociados con las potenciales demandas judiciales en contra de los ciudadanos de Arizona”. La gobernadora ha mencionado que Arizona se encuentra bajo el ataque de los narcotraficantes y de los polleros que trafican con ilegales; lo cierto es que, independientemente de los aspectos criminales vinculados al caso, es el desempleo creciente aquello de lo que más preocupa a las capas medias estadounidenses, que ven a los inmigrantes como peligros que amenazan sus cada día más disminuidas posibilidades de encontrar trabajo.

12 de julio de 2010.
(Publicado: Revista Siempre!, México, 18 de julio de 2010)
El Otoño del Imperio